Litigios internacionales ante las jurisdicciones francesas en materia civil, comercial y laboral

Ante las jurisdicciones francesas, los litigios internacionales son competencia de las jurisdicciones civiles tales como los Tribunaux judiciaires en materia civil, que abarca la mayoría de los litigios que afectan principalmente a particulares y empresas privadas fuera del ámbito comercial (por ejemplo, en relación con las resoluciones judiciales sobre relaciones familiares, sucesiones, cobro de pensiones alimenticias, litigios bancarios, litigios con las compañías de seguros, derecho de consumo, los litigios relativos al pago de alquileres de vivienda), de los Tribunaux de commerce y de jurisdicciones asimiladas como por ejemplo los Tribunaux des activités économiques iniciados desde 2025 a título experimental en determinadas localidades en materia comercial (por ejemplo, en lo que respecta a los procedimientos de insolvencia de las empresas comerciales, las relaciones contractuales entre sociedades comerciales), en primer lugar de los Conseils de prud’hommes para los litigios laborales (por ejemplo, en el caso de un despido cuestionado, una reclamación salarial o una demanda por acoso), con posibilidades de recurso estrictamente reguladas y reglamentadas ante las Cours d’appel y ante la Cour de cassation en todos los casos en que la ley reconozca la posibilidad de ejercer estos recursos. La competencia de estos tribunales se basa, en particular, en normas de derecho interno tales como el Código de Procedimiento Civil y, con frecuencia, caso por caso, en reglamentos europeos o convenios internacionales de geometría variable: por ejemplo, el Reglamento europeo n° 1215/2012 relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones en materia civil y mercantil, el Reglamento europeo n° 2019/1111 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores, o el Convenio de Lugano de 30 de octubre de 2007 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones en materia civil y mercantil. La determinación de la jurisdicción competente resulta del análisis de las circunstancias del caso concreto en relación con los textos, lo que puede llevar, en ciertas situaciones, a legitimar la competencia jurisdiccional de las jurisdicciones francesas. Hay que tener presente la cuestión de la determinación del derecho aplicable al litigio, así como la posibilidad eventual de hacer reconocer y aplicar debidamente en el extranjero las sentencias dictadas por los tribunales franceses. Estas cuestiones también están reguladas en parte por textos transnacionales, teniendo en cuenta también las posibles opciones de solución alternativa de controversias, como la conciliación, la mediación o el arbitraje.

Este artículo de información general, actualizado al 27 de junio de 2025, no pretende ser exhaustivo.

Invertir en Francia

La inversión en Francia puede realizarse a través de sociedades de cualquier naturaleza y tamaño, comerciales o incluso civiles, que se acogen al derecho francés de formas sociales estrictamente definidas y reguladas por el derecho interno, de las estructuras más grandes como las sociétés anonymes pasando por las SARL, las sociedades civiles, las agrupaciones o incluso las empresas individuales o las sociedades europeas, las inversiones también pueden ser fruto de fusiones, adquisiciones, enajenaciones, creación de empresas o aportaciones parciales de activos, aproximaciones transnacionales entre empresas. El empresario que invierte en Francia se enfrenta así ampliamente al derecho francés en muchos aspectos y debe ser informado de las condiciones a cumplir para no sucumbir a los litigios de la vida civil, comercial, de la justicia penal, a las posibles dificultades fiscales y administrativas, como por ejemplo la necesidad de cumplir previamente los requisitos del derecho migratorio y las condiciones específicas de su derecho de residencia, en su caso, según su situación personal. Se enfrenta de hecho a la concepción del derecho francés de la responsabilidad social de la empresa, en particular en términos de derechos fundamentales y protección del medio ambiente, que da una gran parte al derecho laboral y a la situación del trabajador, sea expatriado, desplazado, fronterizo, empleado según el Derecho interno francés, en situación regular o irregular, las relaciones colectivas de trabajo con instancias de representación del personal, como los consejos sociales y económicos o las instancias transnacionales de representación de los trabajadores, como por ejemplo los comités de empresa europeos, las relaciones individuales y colectivas de trabajo están reguladas en torno a la cuestión de los derechos y deberes de los trabajadores, que son ellos mismos jurídicamente afectados en el marco de la inversión en Francia. Es el caso de todos los niveles y todas las formas de inversiones en Francia, ya se trate de compra de productos y servicios, de adquisiciones inmobiliarias u otras inversiones, de inversiones financieras atractivas en Francia. En este marco, la fiscalidad internacional, que es objeto de numerosos convenios fiscales bilaterales y de numerosas disposiciones de derecho fiscal interno, el régimen jurídico local del inmueble en cuestión, el derecho aplicable a la herencia y a su tributación, se trata de cuestiones espinosas en las que la gestión del contencioso, el seguimiento administrativo de situaciones particulares y la solución amistosa de controversias deben dominarse.

Este artículo de información general, actualizado al 27 de junio de 2025, no pretende ser exhaustivo.